Anthony Owens, granjero de Windy Ridge Organic Farms, se encontrará entre los presentadores.

Un red informal de entidades proinmigrantes del Condado Henderson espera que dos foros, que se realizarán los dos próximos miércoles, educarán a la comunidad inmigrante de la mejor manera de abordar la necesidad de una reforma integral a las leyes de inmigración.

El centro de educación superior en East Flat Rock, Blue Ridge Community College, está prestando su sala del Patton Auditorium a la “Red para Derechos de Inmigrantes”, o Immigrant Rights Network, para los dos foros que tendrán lugar el 20 y 27 de marzo.

Lee Luebee, representante de la Liga de Votantes Femininas, parte de la red Immigrant Rights, espera que muchos miembros de la comunidad hispana aprovechen la oportunidad que estos dos foros brindarán para educarse sobre este complejo tema.

Los foros incluirán interpretación simultánea a español en cada presentación, que durará entre 10 y 15 minutos cada una.  Después, las personas en la audiencia tendrán la oportunidad de hacer preguntas por escrito.

Luebee agregó que los patrocinadores han invitado a todos los representantes elegidos del área, incluso a los senadores Richard Burr y Kay Hagan.

“Nuestra esperanza siempre es educar a los ciudadanos y población inmigrante para que podamos hablar inteligentemente a los representantes elegidos”, afirmó Luebee en una entrevista telefónica. “En la medida que la comunidad esté más enterada, nos comunicaremos de mejor manera y nuestros argumentos serán más eficaces”.

Luebee explicó que las primeras tres presentaciones “establecerán la fundación sobre la necesidad de cambiar las leyes de inmigración”.

Entre los presentadores se encuentran dos agricultores y un representante de la industria agrícola de Carolina del Norte, que hablarán de la importancia de los inmigrantes para la economía de Henderson y Carolina del Norte, particularmente al sector agrícola, dijo Luebee.

Los tres presentadores incluyen a Peter Daniels, vice presidente ejecutivo de la organización de cabildeo N.C. Farm Bureau (buró agrícola) además de dos cultivadores residentes de Henderson, Anthony Owens y Danny McConnell.

Owens, dueño de huertas de manzanas además de la granja Windy Ridge, explicará la visa de trabajadores agrícolas temporales conocida como H2A, además de la necesidad de mantener una mano de obra temporal en Henderson para ayudar a la industria de las manzanas.

Owens, en entrevista con La Voz Independiente, sostuvo el otoño pasado que el programa de redadas carcelarias 287(g), ha impedido la capacidad de los granjeros para encontrar trabajadores migrantes en números suficientes para cumplir con sus cosechas.

McConnell, agricultor y presidente de la junta de negocios agrícolas de Henderson, defenderá la importancia de continuar cultivando en este país en vez de campos foráneos como la mejor manera de garantizar la seguridad y sanidad de nuestros alimentos.

McConnell antes era miembro de un comité especial formado por la Junta de Comisionados de Henderson para examinar el tema de la inmigración indocumentada en el Condado.

En el foro del 27 de marzo, se presentará a Jamie Beasley, director del programa latino de la entidad Mountain BizWorks, quien dispersará los mitos que los inmigrantes roban los trabajos a los ciudadanos, que no pagan impuestos, y que no quieren aprender inglés.

Cynthia Aziz, una abogada de inmigración de Charlotte que ha practicado desde 1990, explicará las leyes de inmigración vigentes además de desacreditar algunos mitos relacionados con estas reglas.

“Ella hablará de los mitos más comunes que los inmigrantes emigran para recibir subsidios como las estampillas de comida”, continuó Luebee.

“Ella también plantear que aplicar sólo el control de la frontera no es la única manera para solventar este problema”.

El presentador final, Bert Lemkes, del invernadero Van Wingerden en Mills River, ahondará sobre los posibles arreglos de la visa H2A para que permita la emigración temporal de más trabajadores.

Estos dos foros profundizarán y expandirán la posición de la Liga de Votantes de apoyar la reforma integral a las leyes de inmigración.

El programa 287(g) de Henderson empezó en el verano de 2008 con la graduación de los primeros carceleros para recibir entrenamiento desde las autoridades de inmigración federales.

El programa federal que autoriza a carceleros en el Condado Henderson de indagar el estatus migratorio de detenidos se acerca a su fecha de vencimiento este otoño, mientras que recortes presupuestarios están provocando la terminación del programa en otras jurisdicciones.

El conocido acuerdo de 287(g), entre el alguacil de Henderson y el Departamento de Seguridad Interna (DHS), vencerá el 15 de octubre. Sería renovado solamente después de otra negociación entre el condado y el DHS, que actualmente favorece otro método, mediante el cual agentes federales detectan indocumentados en las cárceles locales.

La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, ha propuesto recortes en su presupuesto para terminar los acuerdos de la parte del 287(g) que autoriza a oficiales del deber locales a indagar el estatus de detenidos fuera de las cárceles.

De los ocho acuerdos de 287(g) en Carolina del Norte, sólo los de la policía de Durham y el alguacil de Condado Guilford opera así.

Mientras que el programa en Henderson podría ser renovado otro periodo después del 15 de octubre, ya que una declaración de la agencia de inmigración federal reiteró su preferencia por el otro programa, conocido como Comunidades Seguras, en vez del 287(g).

De hecho, la agencia conocida como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que se encarga de aprobar los acuerdo, no ha aprobado ningún nuevo desde agosto de 2010.

“El proceso de indagación de Comunidades Seguras, en combinación con la presencia de agentes federales, resulta consistente, eficaz y conviene más a nuestras prioridades presupuestarias”, dijo Vincent Picard, vocero de ICE en Charlotte.

“En las jurisdicciones donde Comunidades Seguras está en vigor y con adecuado personal federal, ICE empezará a descontinuar los acuerdos del 287(g) menos productivos que operan fuera de los centros de detención”, reiteró el vocero de inmigración.

Según el ICE, desde el comienzo del programa 287(g) en julio 2008 hasta el fin del año presupuestario tres meses después, carceleros de Henderson detectaron a 147 indocumentados, 556 en 2009, 247 en 2010, y 165 el año pasado.

La decisión de poner a un reo en la custodia de ICE frecuentemente resulta de una entrevista por el carcelero local, durante la cual el detenido admite que entró al país sin autorización.

Comunidades Seguras, que ha operado concurrentemente con el 287(g) en Henderson, ha detectado a 40 sospechosos indocumentados desde su comienzo en noviembre 2008 hasta el fin del año presupuestario federal en septiembre 2009, 127 en 2010, y 87 en 2011.

El programa en Henderson es diferente que la designación de la cárcel en Hendersonville, que es el centro de detención donde el ICE detiene a indocumentados de las prisiones y cárceles de la zona occidental del estado.

Mediante este programa, el Condado Henderson cobra al ICE $71 por día por indocumentado, ganado más de $835,000 hasta esta fecha, según el presupuesto de Henderson.

Sin embargo, algunos de los detenidos de condados ajenos llegan a Hendersonville tras una entrevista remota con carceleros de Henderson con la autoridad de aplicar el 287(g).

Otro posible factor que afectará la cantidad de dinero que este programa genera para Henderson es el anuncio del ICE en septiembre pasado, que prefiere poner en libertad condicional bajo fianzas de inmigración y hasta no empezar el proceso de deportación a indocumentados sospechosos de delitos menores como manejar sin licencia.

Jóvenes de ascendencia salvadoreña en Hendersonville el mayo pasado.

Los especialistas en inmigración están advirtiendo que se acerca la fecha límite del 6 de marzo, cuando los salvadoreños calificados podrían recibir asistencia gratuita para renovar su Estatus de Protección Temporal (TPS).

Nacionales de El Salvador, que creen que califican para esta ayuda, deben llamar al Pisgah Legal Servicios al 828-210-3452, y personal de la agencia verificará que cumple con los requisitos del programa “Justicia para Todos”.

Los salvadoreños, que radican en los 17 condados de la zona occidental de Carolina del Norte, no pueden ganar más de $28.800 anuales de una familia de cuatro personas.

Andrew Stawar, abogado de inmigración de Pisgah Legal Services, enfatizó que el periodo para que los salvadoreños renueven sus TPS vence el 12 de marzo.

Los que no renueven podrían enfrentar la deportación. Las autoridades de inmigración pueden localizar a estos inmigrantes fácilmente por los datos sobre su paradero que han dado a conocer previamente.

Yolanda Bopp, especialista de inmigración que trabaja con Stawar, informó que hasta la fecha, su agencia ha ayudado a bastante gente.

Si el costo de $465 para renovar el TPS es el motivo por el cual la persona no se ha reinscrito en el programa de protección, la oficina de Bopp podría solicitar a las autoridades federales no cobrar esta tarifa.

“Estos inmigrantes deben proveer documentos como los talones de su pago o una carta del empleador verificando su sueldo, además de recibos o estados de cuenta indicando sus gastos mensuales”, explicó Bopp. “Puedo ser más específico al momento de comprobar si califican para esta ayuda”.

Los que se benefician del TPS pueden trabajar en Estados Unidos legalmente y recibir una licencia de manejar de Carolina del Norte.

El TPS fue otorgado por el presidente George W. Bush tras los terremotos de enero y febrero de 2001 que devastaron a El Salvador.

La actual prórroga de 18 meses concedida por el gobierno del presidente Barack Obama se extenderá hasta el 9 de marzo de 2012.

Las personas que no estuvieron presentes en Estados Unidos antes del 9 de marzo 2001 además de que no han residido en el país constantemente desde 13 de febrero 2001, quedan excluidos del amparo del TPS y las posibilidades de obtenerlo son remotas.

Los mexicanos representan la mayoría de la población hispanohablante en el Condado Henderson.

Dos foros que tendrán lugar en el mes de marzo destacarán la importancia de la comunidad inmigrante al Condado Henderson.

La primera reunión el 20 de marzo se tratará del papel crítico de la mano de obra inmigrante tanto para la economía como el futuro del condado, donde los hispanos cuentan con 10 por ciento de la población total.

La segunda sesión una semana después se tratará de dispersar mitos además de encontrar soluciones a la inmigración indocumentada.

Ambos foros se darán inicio a las 6:30 pm en el edificio Patton Auditorium en el recinto del centro de educación superior Blue Ridge Community College en East Flat Rock.

Blue Ridge está patrocinando el event junto con la Red de Inmigrantes del Condado Henderson.

La Voz Independiente tendrá más cobertura acerca de estas presentaciones en su próximo número el 22 de febrero.

Los requisitos son los siguientes:

• Ser mexicano o de origen mexicano/ otras nacionalidades también participan entre 7 y 11 años de edad;
• Presentar su dibujo sobre cartulina o cartoncillo (30×30 cm. 12×12 pulgadas), puede ser un dibujo o una pintura con pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones o cualquier otro material;
• Dedicar el trabajo al 150 Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo;
• Incluir en el reverso del dibujo, una breve descripción de lo que se quiere expresar con.

Los participantes deberán firmar el trabajo, y en el reverso del dibujo deberán anotar nombre completo, edad, dirección, teléfono de casa, correo electrónico (si tienen), nombre de la escuela donde estudian, y lugar de nacimiento de los niños y papás.

Los participantes deberán enviar su dibujo o pintura antes del 9 de marzo del 2012, al Consulado General de México, 336 E. Six Forks Rd., Raleigh, NC.  27609

Hay mayor información en www.ime.gob.mx  o www.redesmexico.mx.

El cartel que ganó el concurso de 2011.

Drew Reisinger, el registro civil (en corbata) y Lane Raskins, la empleada bilingüe, de su oficina ayudan a Oscar del Valle.

Drew Reisinger, el registro civil del Condado Buncombe, sabe que residentes hispanohablantes suelen de la confusión que se provoca sus tradiciones de nombramiento.

Porque según las convenciones de la cultura anglosajona, que no incluye lugar para el apellido materno, muchas latinos se conocen incorrectamente — pero legalmente — por su apellido materno.

Sale así en su licencia de conducir, talones de pago o cuentas bancarias.  Cuando sus hijos entran a la escuela, muchas veces los administradores insisten en registrarles por un nombre que es una combinación de sus dos apellidos pero con un guión entre las dos últimas palabras.

Reisinger entiende que ese, además ser una molestia o señal de la falta de sensibilidad de las tradiciones distintas de la cultura latina, puede presentar un problema serio y costoso.  Por ejemplo, cuando los padres solicitan doble nacionalidad de su país natal, es muy importante que los nombres y apellidos de los padres salen en la acta de nacimiento de sus hijos de la misma manera de las actas de nacimiento de los padres en el país donde nacieron.

Si se registran incorrectamente al momento de nacimiento, el proceso de corregir una acta de nacimiento en Carolina del Norte puede ser prolongado además de costoso.

Por eso, desde su elección a la oficina constitucional en 2008, Reisinger se ha involucrado en una campaña para colaborar con el hospital Mission además del Departamento de Salud para asegurar que los nombres salen correctamente al momento de crear la acta de nacimiento como documento oficial.

“Si quieren que se registran los apellidos de sus hijos sin guión entonces podemos que acomodarlos,” explicó Reisinger en una reciente entrevista. “Es muy importante que en este condado que tiene sensibilidad a las diferencias entre nuestra cultura y las culturas de nuevo residentes de la zona”.

Su atención a este tema es solamente una manifestación de una iniciativa de Reisinger para asegurar que los hispanos se sientan que “están en casa” cuando visitan la oficina del Registro Civil.

Además de ser el lugar donde residentes de Buncombe pueden conseguir un ejemplar certificado de una acta de nacimiento, acta de fallecimiento o investigar la historia de propietario de una propiedad, personas de cualquier condado pueden registrar como votantes en la oficina de Reisinger. Parejas que tiene la intención de casarse pueden solicitar el permiso de matrimonio en su oficina, un documento que se exige en los Estados Unidos para comprobar sencillamente que su unión es legal.

Los salvadoreños tiene hasta marzo para renovar su TPS.

Aunque el periodo para que hondureños y nicaragüenses renovaran su estatus de protección temporal (TPS) ha vencido, abogados de inmigración locales aconsejan a los salvadoreños que no esperen hasta la última hora para reinscribirse.

El proceso de reinscripción para El Salvador comenzó el 10 de enero y concluirá el 12 de marzo.

Además, las autoridades de inmigración extenderán los actuales documentos de autorización para trabajar automáticamente por seis meses más.

Andrea Slusser, abogada de inmigración y asesora de Servicios Sociales Católicos en Asheville, insta a los salvadoreños a que cumplan con sus trámites de preinscripción antes del fin de febrero.

El TPS es un beneficio migratorio, normalmente de 18 meses, que incluye un permiso de trabajo y que Estados Unidos concede a inmigrantes que no pueden regresar a sus países de origen debido a desastres naturales, conflictos armados, u otras razones humanitarias.

El TPS fue otorgado por el presidente George W. Bush tras los terremotos de enero y febrero de 2001 que devastaron a El Salvador.

La nueva prórroga de 18 meses otorgada por el gobierno del presidente Barack Obama se extenderá hasta el 9 de marzo de 2012.

Las personas que no estuvieron presentes en Estados Unidos antes del 9 de marzo 2001 además de que no han residido en el país constantemente desde 13 de febrero 2001, quedan excluidos del amparo del TPS y las posibilidades de ganarlo son bastante remotas, según Slusser.

La abogada está aconsejando cautela en usar personas no calificadas para tramitar los documentos.

Durante periodos de inscripción en el pasado, se han visto volantes pegados en las entradas de varias tiendas hispanas en las montañas de una entidad que ofrece tramitar el TPS por $60 por persona.

Sin embargo, una persona que realice este tipo de trabajo en realidad está trabajando como abogado sin licencia que es un delito en Carolina del Norte, además de posiblemente poner a sus clientes en riesgo de deportación, agregó Slusser.

Slusser dijo que inmigrantes que contraten a una persona no calificada para llenar los trámites se arriesgan a que su estatus actual sea descubierto por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Por experiencia de casos trabajados en su oficina, la abogada asegura que las personas que no califican para el TPS, el servicio de inmigración de Estados Unidos actúa con bastante eficacia para procesar las órdenes de deportación.

“Toda persona que está aquí indocumentada está sujeta a una orden de deportación”, sentencia Slusser, y afirma que aún en nuestra área hubo salvadoreños que no calificaron por el TPS cuando fue renovado en 2008, algunos recibieron junto a la carta de negación del permiso el citatorio para comparecer ante un juez de inmigración.

Salvadoreños con dudas deben buscar la ayuda de varios abogados expertos en inmigración en nuestra área o personas certificadas por la Junta de Ajuste de Inmigración federal, como los trabajadores de Servicios Sociales Católicos, aconsejó Slusser.

Comunicarse con Servicios Sociales Católicos llamando al 828-255-0146.

Hay varios abogados en el área también, entre ellos Robb Hill 828-210-8171, George Pappas al 828-693-1981 y Allen C. Ladd al 864-991-8450.

El gobierno salvadoreño también pone a disposición de los interesados el número telefónico gratuito en Estados Unidos 1-888-301-1130 y los portales de internet de la cancillería y de la embajada en Washington.

Aproximadamente 2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, de los cuales 211.000 están amparados bajo el TPS, según estimaciones del gobierno.

Fernández comentó que todos los inmigrantes llegan a Estados Unidos buscando trabajo, pero mediante la educación que reciben en Fruitland, los que no se quedan en el país permanentemente “van a regresar a sus países de origen como personas diferentes”.

Sheriff Rick Davis en una foto sacada el primer fin de semana que entró en vigor el programa 287(g) en Henderson.

El departamento del alguacil del Condado Henderson ha ganado más de $835,000 del Servicio de Inmigración y Aduanas desde el 2008 para detener y transportar a inmigrantes bajo la custodia de la agencia federal, según documentos dados a conocer a La Voz Independiente.

El flujo de fondos federales a Henderson ha continuado pese a una reducción del número de inmigrantes arrestados en este condado puestos en proceso de deportación bajo el programa de redadas carcelarias 287(g).

Henderson, bajo una iniciativa del alguacil del condado, Rick Davis, en julio 2008 se integró al 287(g), que autoriza a carceleros locales a poner a personas detenidas por cargos estatales en proceso de deportación.

Sin embargo, menos conocido es que el ICE designó a la cárcel de Henderson como una estación intermedia para indocumentados detenidos en la zona occidental del estado que se encuentran bajo la custodia del ICE por cualquier razón.

Por ejemplo, en Henderson mantienen detenidos a presos originalmente arrestados en los condados adyacentes como Buncombe, Transylvania y Macon, entre otros, además de prisiones estatales como Craggy, al norte de Asheville, Western Youth Correctional, en Morganton, y Avery Mitchell, Correctional en Spruce Pine.

El condado cobra al ICE $71.96 por día por preso encarcelado en Henderson además de $18.23 por hora por oficial, mientras transportan a estos reos entre varios centros de detención además de 55 centavos por milla porque usan los vehículos del condado.

Según documentos gubernamentales que La Voz Independiente obtuvo bajo la ley de récords abiertos de Carolina del Norte, desde el principio de julio 2008, el condado ha recibido más de $2.2 millones en ingresos desde el ICE que ha pagado $1.3 millones en gastos como salarios.

Grupos proinmigrantes argumentan que medidas como el 287(g) y el parecido, Comunidades Seguras, son innecesarios porque tiene bajo la mira a indocumentados acusados de delitos menores como multas de tráfico, aunque supuestamente el programa fue diseñado para capturar inmigrantes que son delincuentes violentos.

Sin embargo, estos ingresos del ICE suplementaron el presupuesto de la oficina de Davis tanto que transferó a $118,000 de este balance al fondo general del condado.

En vez de recurrir a recortes de 7,5 por ciento como sucedió en los demás departamentos del condado, Davis decidió en julio dedicar este $118,000 para mantener tres posiciones en su departamento no relacionados con los programas del ICE, además de comprar dos patrullas nuevas.

Cómo Davis ha gastado los fondos de su departamento es el blanco de una auditoría que los comisionados del condado ordenaron el mes pasado, después del anuncio de Davis que sufre de trastorno mental, que por su propia explicación le causa tomar “decisiones raras”.
Los comisionados han dicho que no esperan que la auditoría descubra mala conducta por parte de Davis.

Sin embargo, entre los documentos que el condado ha divulgado a pedido de La Voz Independiente y otros medios de comunicación, se encuentran recibos revelando que pagó de su presupuesto oficial más de $20.000 para comida, boletos de avión, y alquiler de carros.

Desde agosto de 2010 hasta octubre de 2011, Davis facturó a la tarjeta de crédito del condado $1.600 para quedarse una semana en un hotel en Boston mientras participó en una reunión para asociados de la academia del FBI, almuerzos y cenas en restaurantes y bars en sitios turísticos además de $145 en cafés especiales como capuchinos en Starbucks, entre varias compras.

Durante una reunión del FBI semejante en Los Ángeles el julio pasado, Davis gastó más de $1.000 en el alquiler de auto que manejó por 1.900 millas.

Los funcionarios de finanzas sostienen que los gastos no son extraordinarios aunque Davis, como alguacil, dirige su propio presupuesto y la única supervisión de su administración es la de los electores del condado cada cuatro años.

Sin embargo, el uso de la tarjeta de crédito por parte de Davis no sigue los mismos parámetros que los alguaciles de condados vecinos como Henderson, según sus comentarios al periódico que se edita en inglés, el Asheville Citizen-Times.

Por lo menos siete hispanos indocumentados perdieron sus trabajos en Earth Fase, la cadena de abarrotes orgánicos con sede en Fletcher, sin notificación previa y 10 días antes de la Navidad, como resultado de una aparente auditoría de sus números de Seguro Social.

Tres de los trabajadores son madres solteras que han laborado en el local de Asheville, en Hendersonville Road, por más de seis años. Otro de los dos hombres es nacional de México con dos hijos.

Dos personas que trabajaron en la bodega de Earth Fare en Fletcher también perdieron sus trabajos, dijo Bob Shepherd, un voluntario que enseña inglés al madre de una de las empleadas de la tienda del sur de Asheville.  Uno de los empleados habían trabajado en la bodega por 12 años, alcanzando el nivel de supervisor.

El 21 de diciembre pasado, la compañía confirmó las acciones que tomó en el sur de Asheville en su sitio de Internet, coincidiendo que despidieron a los trabajadores en “un momento desafortunado”.

“Al enterarnos de los resultados de la auditoría, tuvimos la obligación legal de responder. Nunca es un buen momento para perder a miembros indispensables de nuestro equipo de trabajo”, cita el lugar en la Internet.

Desde ese entonces, Earth Fare ha borrado este comentario de su sitio, aunque se puede encontrar el enlace original por medio de una búsqueda en Google.

Una de las voceras de la compañía, Kristi Kanzig, no respondió a una llamada de La Voz Independiente.

Sin embargo, confirmó al periódico que se edita en inglés, el Asheville Citizen-Times, que ella fue la que escribió el comentario en el sitio de Internet de Earth Fare.

Una de las empleadas, Cecilia, dijo en una entrevista con La Voz Independiente que hace aproximadamente tres meses, un gerente solicitó que renovara los documentos que llenó al inicio de su trabajo en 2006.

Ella informó a esa persona que en aquel momento había inventado su número de Seguro Social, pero este le aseguró que esto tenía que ver con una “actualización” de información rutinaria.

Entonces, la mañana del 15 de diciembre, la gerente de recursos humanos de la tienda de South Asheville pidió que confirmara su nombre.

Unas horas después, la gerente de la tienda la llamó a una reunión al igual que a otros tres empleados.

Esta persona informó a los empleados que tuvieron que comunicarse con la Administración del Seguro Social para impugnar una discrepancia entre sus nombres y los números del Seguro Social.

El dirigente despidió a los empleados cuando le contestaron que no podían impugnar la información debido a su estatus migratorio de indocumentados.

Una quinta empleada, la hondureña Isis Aguilera, iba a regresar a trabajar el 26 de diciembre tras 45 días de descanso posparto, pero decidió no hacerlo después que sus colegas informaron los resultados de la reunión.

Aguilera dijo el viernes pasado que nunca Earth Fare personalmente le había informado que estaba despedida.

Cecilia dijo que la compañía le debe 67 horas de pago y días de descanso por enfermedad acumulados.

Al momento de despedirla, Earth Fare rehusó pagarle 80 horas de días de vacaciones acumulados pero sí le pagó su cheque final.

Aguilera se siente resentida por el tratamiento de Earth Fare, que según ella, está ganando dinero de dos recetas de una ensalada y una marinada para salmón a la parrilla que ella y Cecilia inventaron.

La madre hondureña sostiene que las dos recetas se encuentran entre las mercancías más vendidas en Earth Fare.

“Al final, solamente se preocupan por sus ganancias”, dijo Aguilera. “Han ganando bastante de estas recetas”.

Aun se desconoce si la auditoria generó el despedido de empleados en otras tiendas de Earth Fare.

Además de las dos Carolinas, Earth Fare tiene supermercados en Florida, Georgia, Tennessee, Alabama y Ohio.

También se desconoce el por qué Earth Fare decidió revisar los números de Seguro Social de empleados tan antiguos.

Emily Tulli, una abogada del Centro de Derechos de Inmigración Nacional en Washington, explicó que si Earth Fare hizo la auditoria debido a la información que había recibido de la Administración del Seguro Social, no tenía el derecho de despedir a los empleados sin darles suficiente tiempo para tratar de resolver los problemas con sus nombres y números.

La abogada dijo que no hay nada que prohíba a Earth Fare que pague a los empleados una indemnización por despido o por días de vacaciones acumulados a pesar de sus condiciones de indocumentados.

Tal decisión beneficiaría a Cecilia, cuyo segundo trabajo de 20 horas a la semana en un restaurante local no es suficiente para mantener a sus tres hijos y sólo acaba de empezar otro trabajo esta semana.  Su esposo regresó a Ecuador en 2010 y no está aportando a la familia.

A la misma vez, Tulli dijo que sin una auditoría de los documentos de autorización para trabajar, conocido como los trámites I-9 por el Servicio de Inmigración y Adunas, Earth Fare no estaba obligado a revisar los números sociales de los empleados actuales por su propia cuenta.

Tulli dijo que los empleados se hubieran enterado si el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se había involucrado en la auditoria.

Bob Shepherd, un voluntario que enseña inglés a la madre de Cecilia, compra frecuentemente en Earth Fare.

El cree que hay una incongruencia entre el imagen de Earth Fare, que se estila como “el supermercado saludable,” y esta decisión.

Shepherd escribió el comentario original en el sitio de Internet al que Kanzig respondió confirmando los despidos, sin embargo, le parece que la compañía pudo haber esperado hasta el fin de la temporada navideña para despedir a los trabajadores.

“Por favor, sin importar los aspectos legales, consideren que los despidieron antes de la Navidad”, escribió Shepherd a Earth Fare, comentado un video en el cual Murphy y la “Hada de Tierra” ofrecen saludos navideños.

“Familias han sido devastadas y muchas de ellas son madres solteras, muchos han trabajado en EF por años, y la mayoría de estas familias son pobres.

¿Jack y la Hada de Tierra no pudieron encontrar suficiente humor navideño para esperar hasta el nuevo año?

Santiago Ortíz López es estudiante de West Henderson High School en Mills River.

No importa el deseo que Santiago Ortíz López pidió a la medianoche del año nuevo, hay que decir que los próximos 12 meses serán mejor que los pasados.

Desde su arresto después de ser acusado de involucrarse en una altercación con otro estudiante en el otoño de 2009, el estudiante de West Henderson High School pasó la mayoría del año 2011 en proceso de deportación.

Sin embargo, el atleta que compite en el deporte de lucha grecorromana, parece encontrarse entre las primeras personas que se beneficiarían de una nueva política que las autoridades de inmigración anunciaron el pasado mes de septiembre y que empezaron a implementar en noviembre.

Recientemente, el abogado de inmigración de López, Robb Hill de Asheville, recibió el veredicto final de un juez de inmigración que la corte administrativamente terminó su deportación.

Aunque la decisión del tribunal representa una buena noticia para el joven y su familia, la decisión no le da estatus legal sino lo deja en una situación de limbo, no en peligro de deportación, pero sin los papeles no podrá cumplir los sueños de sus padres que lo trajeron a Estados Unidos.

Por eso, Hill actualmente está solicitando una segunda decisión por parte de las autoridades para que lo dejen quedarse en el país por un periodo indeterminando, además de darle autorización para trabajar temporalmente.

En este caso, la decisión, conocido como “salida aplazada” o “acción diferida”, estaría en las manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICES) en vez de los jueces de inmigración.

Una persona que califica para “acción diferida” no puede aprovecharse de un argumento para quedarse en el país permanentemente pero podría presentar evidencias convincentes para permanecer en el territorio por un lapso temporal.

La Voz Independiente no pudo comunicarse directamente con López pero su abogado decidió hacer público el caso del joven porque considera que una decisión negativa al mismo sería “publicidad negativa” para la agencia federal.

Hill sostiene que su cliente es un buen candidato para este tipo especial de alivio.

Después que un juez estatal desestimó las acusaciones en su contra en agosto pasado, el ICE enfrentó el dilema de deportar a un joven, que según Hill, sueña con continuar sus estudios en una universidad o centro de educación superior después de  graduarse de la secundaria.

López es un estudiante tan dedicado que Hill y su equipo lo observaban estudiando cálculo en la oficina mientras esperaba la hora de su cita.

Por su desempeño en las alfombras de la lucha grecorromana escolar, López se encuentra entre los mejores atletas del deporte en la zona occidental de Carolina del Norte.

Sus triunfos a la clasificación de 152 libras de peso ayudó a los Halcones a alcanzar los cuartos de finales del campeonato estatal en 2011.

López es tan popular entre la población estudiantil de West Henderson que estos iniciaron una campaña para recolectar firmas para la petición de parar su deportación.